El Consejo de Estado hizo un llamado al Gobierno y las delegaciones de paz para que se revisen las interrogantes de esa corporación frente a lo acordado con las Farc en torno a la aplicación de la Jurisdicción Especial Para la Paz y prendió las alarmas frente al recorte presupuestal de la rama judicial para el 2017.

Según el magistrado Rojas aunque la judicatura presentó en su momento anteproyecto de un presupuesto de 4.5 billones de pesos para el funcionamiento de la rama judicial, posteriormente con ocasión de los ajustes por el posconflicto ajustó ese petición a los 3.5 billones.

Sin embargo, advirtió que cuando el Gobierno presentó el presupuesto ante el Congreso de la República redujo los recursos para el sector judicial en otro billón y lo fijo en 2.5 billones de pesos.

“Es decir, si hay un mensaje de alarma en este momento por la rama judicial es ese tema presupuestal, porque pasamos de 4.5 billones a 2.5 billones (…) Con eso a duras penas vamos a funcionar”, indicó el magistrado Rojas.

Asimismo cuestionó que este presupuesto para la rama judicial no se compara con la previsión de lo que se calcula cuesta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que asciende a los 81 billones de pesos.

” Yo sí creo que la rama judicial necesita el presupuesto que está pidiendo y no frustrar lo que debe ser la administración de la justicia normal y corriente, porque la institucionalidad debe seguir funcionando y la muestra es esta parálisis que hay actualmente y si no estamos mal frente al respeto que merece al rama judicial”, señaló el magistrado Rojas.

De igual forma, explicó que dentro de los interrogantes que tiene el Consejo de Estado frente a la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz gira en torno a que va a pasar con temas relevantes como el mecanismo de tutela, la cosa juzgada, la reparación integral de las víctimas, la jurisdicción agraria, las competencias electorales y la pérdida de investidura que debe resolver esta corporación.