El calendario oficial indica que a partir de hoy el Congreso retoma las sesiones ordinarias. Eso significa, palabras más palabras menos, que senadores y representantes a la Cámara se preparan para sacar del baúl sus asignaturas pendientes y, a punta de debates “encaletados” y proyectos de ley, retomarán sus actividades legislativas al margen de la implementación del Acuerdo de Paz. Ahora, materializar los textos de La Habana pasarán, inevitablemente, a un segundo plano.

Y es que han pasado tres meses desde que el Gobierno convocó las sesiones extraordinarias en las que se suponía que debía acelerarse el desarrollo normativo de lo pactado con las Farc, y lo único cierto es que el procedimiento especial legislativo o fast track ha sido todo, menos rápido. Ayer, por ejemplo, se iba a debatir el estatuto de la oposición, pero su discusión tuvo que ser cancelada “porque hasta el momento no se ha radicado la ponencia”, como lo argumentó la misma Presidencia del Senado.

Por eso, la carrera contrarreloj está a punto de comenzar. El decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre pasado señalaba que, durante el período de sesiones extras (de tres meses), el Legislativo tendría que ocuparse del trámite de los proyectos de ley y de actos legislativos con el fin de implementar el Acuerdo Final a la mayor brevedad. Pero la realidad demuestra que de casi una treintena de normas mínimas para proteger dicho acuerdo, apenas tres lograron ser aprobadas en ese tiempo: la Ley de Amnistía, la participación de voceros de las Farc en el Capitolio y la Jurisdicción Especial de la Paz, cuyo proceso de conciliación aún está pendiente.