A las 8 de la mañana de hoy se presentará en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña, Coiba, Álvaro González Murillo, alcalde de Prado, donde será reseñado por funcionarios del Inpec.

Así lo confirmó el abogado Hugo Martínez,  dijo que ayer en la tarde en audiencia, el juzgado Quinto penal del Circuito de Ibagué, ordenó en segunda instancia la detención domiciliaria contra su cliente.

En la mañana de ayer González Murillo estuvo en la capital del Tolima, pero retornó al municipio junto a su esquema de seguridad y a través de una llamada su defensor le dio la noticia.

Por lo anterior, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, deberá nombrar un alcalde en calidad de encargado, y posteriormente el partido de la U pasará una terna de la cual se escogerá quién ocupará el cargo mientras se resuelve el proceso penal de González Murillo.

Antecedentes

Los hechos que le atribuye la Fiscalía al burgomaestre son prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos e incumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica de documento público y fraude procesal, delitos que al parecer se habrían cometido en el marco del contrato de la obra del puente de la vereda Montoso, proyecto que surgió tras la declaratoria de una urgencia manifiesta en 2015 y ascendió a los $2 mil 315 millones.

En audiencia de enero de este año, se conoció que en abril de 2016 González tomó la decisión de revocar el decreto que había expedido su antecesor para la declaratoria, argumentando que no existía tal emergencia, pero pasados dos meses volvió a modificarlo.

Luego, en agosto se conoció la firma del contrato ente la Administración municipal y la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016, es decir pasados ocho meses de la urgencia manifiesta.

Otra de las irregularidades de la obra, es que a pesar que se había dado un plazo de terminación de cuatro meses, este no se cumplió.

Según la Fiscalía, los contratos de obra 139 y de interventoría 140 del primero de agosto de 2016 debían surtir trámite por medio de licitación pública y de concurso de méritos, y no escogerse los contratistas a ‘dedo’. Del mismo modo, señaló que se habría generado un engaño a la Controloría General de la Nación cuando adelantó la investigación sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, para luego obtener el aval del proceso.