Han pasado cinco meses desde que el proyecto hidroeléctrico Ituango ocupó la agenda de todos los medios del país. Desde aquel entonces, la emergencia que generó el represamiento del río Cauca y el peligro al que fueron expuestos al menos cinco municipios antioqueños ha dado una tela infinita que cortar. Pero, entre la coyuntura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había pasado desapercibida. Apenas esta semana da fin a su silencio con una resolución en la que le impone una sanción ambiental a dicha sociedad.

Esta sanción tiene dos causas estudiadas por la ANLA. La primera de ellas corresponde a la falta de medidas tomadas por Hidroituango en el momento en que su licencia ambiental fue agrandada, en 2009, al adicionar al proyecto la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle.

De acuerdo con la autoridad, la señalización, el manejo de aguas de escorrentía, las obras de encauzamiento, la disposición de los canales y los materiales derivados de derrumbes no fueron bien administrados. Esto hizo que se obstruyeran cauces y que en los taludes se potenciaran la inestabilidad geotécnica que más tarde puso en riesgo al bajo Cauca Antioqueño.

El segundo regaño, por otro lado, es más por desobedientes. Puesto que, según la ANLA, los funcionarios de Hidroituango instalaron y construyeron “una planta de trituración y una planta de concreto en cercanías del corregimiento de El Valle”. Esa obra se hizo sin la autorización correspondiente porque para ese momento la asociación no contaba con el permiso correspondiente.

Ambos llamados de atención se resumen en: un pliego de cargos por irresponsabilidad y una multa por $2.419.681.474 que deberá ser pagada al Fondo Nacional Ambiental (FONAM-ANLA) en los próximos 15 días.

Así pues, los problemas no terminan para Hidroituango que hace menos de una semana había anunciado su falta de recursos para continuar con la obra que se pensaba hasta hace seis meses como “la batería de Colombia en las próximas décadas”.