Hoy se conmemora el día internacional de la ONU para poner fin a la impunidad de los crímenes contra la prensa. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, analiza el panorama colombiano en esta lucha.

En Colombia se registran 158 casos de periodistas asesinados en razón de su oficio. En 28 de ellos se logró condenar a los autores materiales y en solo cuatro a los intelectuales. Los 126 restantes permanecen en la impunidad. El porcentaje de impunidad se agudiza al 96 % cuando tomamos casos de secuestros o agresiones, y ronda el 99 % en casos de amenazas contra periodistas.

Esta larga historia de intentos de censura a través de la violencia ha estado acompañada de promesas de casi todos los que han ocupado el cargo de fiscal general. Anuncios a los medios que atajan por lo general un escándalo, pero que no logran ser efectivos en la investigación, el esclarecimiento y la sanción de quienes quieren censurar a la prensa.

El 29 de agosto de 1996 el periodista Richard Vélez se encontraba cubriendo las marchas cocaleras en Caquetá. Registró con su cámara los abusos de los militares contra los manifestantes y por ello fue golpeado salvajemente por el Ejército, mientras le reclamaban la entrega de la cámara a la cual se aferró a costa de serias lesiones. Esa misma noche las imágenes fueron difundidas generando un escándalo importante.

Dos días después, el entonces fiscal Alfonso Valdivieso anunció que abriría una investigación para “establecer si fue la Fuerza Pública la que agredió al camarógrafo”. Por su parte, el ministro de Comunicaciones de la época, Saulo Arboleda, se comprometió ante los medios, y en nombre del presidente Samper, a que se conocerían “muy pronto” las conclusiones sobre las investigaciones ordenadas por el Gobierno para esclarecer los hechos. Sobra decir que la participación del Ejército en este caso no estaba en duda; el reto era constatar si las autoridades colombianas estaban dispuestas a sancionar a los agentes que participaron.

Tras los asesinatos de Jaime Garzón y Guzmán Quintero, en 1999, el fiscal Alfonso Gómez Méndez anunció la creación de la “subunidad” especializada en libertad de prensa en el interior de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, comprometiéndose, tras los casos más sonados, a impulsar las investigaciones.

El 25 de mayo del 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada en las inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá, torturada y violentada sexualmente. Bedoya rindió su primera declaración en una clínica de Villavicencio. Días después recibió una llamada de Carlos Castaño, quien le leyó apartes de su declaración.

En enero del 2001, Claudia Gurisatti tuvo que salir del país de manera intempestiva. Las autoridades le alertaron de un plan de las Farc para asesinarla. En mayo del mismo año fue desactivado un carro bomba con 250 kg de dinamita en frente de las instalaciones del semanario Voz.

En el año 2003, delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa sostuvieron una reunión con el fiscal Luis Camilo Osorio, quien se comprometió a avanzar en la investigación de casos de crímenes contra la prensa.

En diciembre del 2008, el fiscal Mario Iguarán remitió a todos los fiscales delegados un “instructivo básico para la investigación de crímenes contra la prensa”. En 2010, el jefe del ente investigador Mendoza Diago reconoció la frecuencia de las amenazas contra la prensa e indicó que obedecían “a la reacción de algún personaje, de esos políticos, asociados con organizaciones criminales, que resultan denunciados públicamente (por comunicadores) y entonces cometen el homicidio”.

El 9 de febrero de 2011, Día del Periodista, la fiscal Viviane Morales anunció el “fortalecimiento investigativo por amenazas a periodistas”. Y en 2012, la Fiscalía, paradójicamente, indicó que la subunidad de periodistas ya no existía.

En 2013, el fiscal Eduardo Montealegre salió al paso de una ola de amenazas a periodistas en Valledupar en fechas coincidentes con el atentado al periodista Ricardo Calderón, y convocó a un foro. Allí se comprometió a que la unidad de análisis y contexto estaría a cargo de la investigación de crímenes contra la prensa, asegurando que se tenían hipótesis sólidas para que estos casos no quedaran en la impunidad.

(El Espectador)