La Agencia Nacional de LicenciasAmbientales (Anla) decidió restringir el uso de pesticidas en el país en aras de proteger la existencia de las abejas. Esta decisión se da a raíz de la petición del abogado Joaquin Torres, quien le solicitó a la entidad que prohibiera en el país la fumigación agrícola con neoticotinoides y todos los fungicidas o venenos que contengan este químico, por ser  el causante de la muerte de estas polinizadoras a nivel mundial.

“La identificación que los pesticidas son los causantes en un altísimo porcentaje de la muerte masiva de abejas en el mundo, ya está demostrado científicamente. La firma Bayer pagó los estudios los cuales fueron la base para que la Unión Europea restringiera el uso de los neoticotinoides” explicó Torres.

Cabe recordar que esta decisión, se da luego de que el Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Freddy Machado, le ordenara al Gobierno Nacional establecer una política de Estado para preservar la vida de las abejas, el abogado Torres consideró que el país podría ser pionero en una política de preservación de este polinizador que, con su existencia, ayuda a fertilizar muchas de las plantas que nos proveen de alimentos.

Ahora bien, esta restricción se dio siguiendo los parámetros establecidos por la Unión Europea “La Unión Europea estableció que si se usan esos pesticidas, en la época en que ya la planta pasó su floración, es decir que ya la abeja no va a ir; o en cultivos que estén en invernaderos cubiertos a donde las abejas no puedan entrar, en esas condiciones sí se pueden usar” contó Torres.

A pesar, de que la ANLA no los prohibió como era el objetivo de la petición realizada por el abogado, el hecho que los restringiera, se considera como un primer gran paso para la protección de estas polinizadoras a nivel nacional “es una victoria enorme, porque restringirlos quiere decir que el uso va a estar condicionado  que no represente una afectación para las abejas” afirmó el abogado.

Por último, cabe mencionar que según la orden del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena, cada dos meses se deben enviar informes sobre los avances en la preservación de la especie y, de no ser así, la orden judicial exige arresto a los representantes del Gobierno a los que les fue encargada esta tarea.

RCN Radio.