El anuncio del concierto gratuito para el 28 de junio en el marco de las fiestas del folclor en Ibagué, pasó de ser una gran noticia a toda una polémica por el costo del mismo y la forma de contratación.

Por lo anterior, Caracol Radio habló con el abogado Ernesto Ospina, representante de la empresaria Carolina Barrios, quien fue elegida para ejecutar un contrato de $ 2.900 millones para traer a Carlos Vives y Manuel Medrano.

“La Administración municipal en cabeza del señor Alcalde le encomendó a Carolina Barrios, que tiene una empresa de eventos y ha demostrado su idoneidad y experiencia, porque en el 2015 trajo a Carlos Vives a Ibagué”, aseguró el abogado Ernesto Ospina.

En ese orden, el mandatario “autorizó a la Secretaria de cultura del municipio, Cristiana Prada, para que se hiciera un contrato de forma directa con Carolina Barrios para cumplir con ese sueño”, sostuvo Ospina.

Barrios le exigieron la compra de estampillas y también que estableciera unas pólizas a favor del municipio: “Para poder cumplir debía cerrar negocios con los empresarios que iban a concurrir al evento, es así que, el dinero se prestó para dar los anticipos”, contó el abogado.

El 6 de mayo, le fue enviada una carta al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien le manifestaron la preocupación de cara al evento.

La respuesta del alcalde al oficio del 6 de mayo, fue decirle a la Secretaria de Cultura, que “ya no quería que viniera Carlos Vives”, así lo aseguró el abogado a Caracol Radio.

En un oficio radicado el 7 de mayo y enviado al correo de Carolina Barrios: “La administración, narrar una serie de irregularidades que ellos mismos se están atribuyendo, donde dicen que todo lo hicieron mal en la etapa previa al contrato, que ellos no debieron haber acatado la orden que dio el Alcalde, porque era ilegal. La Secretaria de Cultura le dijo a Carolina que todo está mal y que lo único viable era terminar el contrato”.

A causa de, en el escrito les dieron dos días para que entregaran las opinemos, pero “jurídicamente no hay nada que opinar al comportamiento de la administración que se está atribuyendo culpas propias”, subrayó Ospina.

Los afectados ya se reunieron para concertar y evaluar los daños patrimoniales y morales, para pedir una indemnización.

Finalmente, el municipio podría terminar pagando por algo que no se va hacer.

CARACOL RADIO