La personera de Rovira, Ana María Enciso Torres, contó que en diciembre de 2018, la menor se acercó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Unad, seccional Ibagué, a averiguar qué apoyos existían para la población desplazada y así poder estudiar psicología, ante la respuesta de que no había, la familia hizo un esfuerzo económico para la matrícula del primer semestre.

Luego en enero, “se enteró que había un programa que se llama Generación E, diseñado para cubrir los gastos de educación de los jóvenes de población vulnerable como es Sisbén I y II, población víctima y para comunidades indígenas”, contó Enciso.

Por lo que ofició al Ministerio de Educación para que le explicarán si tenía posibilidad de ser parte de Generación E. Y en respuesta el 21 de febrero de 2019 por parte de la Subdirección de Apoyo a la Gestión le indicaron que “en caso de que la IES ya haya realizado el cobro de matrícula, el valor deberá ser reintegrado al estudiante, una vez el Ministerio haya verificado el cumplimiento de los requisitos y reconocido el desembolso de los recursos correspondientes”.

Con dicha verificación, se dirigió a la Unad a través de una petición para acceder al programa, sin embargo, pasaron los días y la respuesta no llegó.

“Entonces pusimos una tutela por petición para garantizar el derecho a la educación”, comentó la Personera.

Acción que fue admitida en abril por el juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Luego, de ello, un sábado la menor recibió una llamada de un tutor que le dijo que había sido admitida, por lo que tenía que llenar unos documentos del Icetex, como pudo se trasladó de Rovira a Ibagué.

Tras llenar los formularios le indicaron que ya había quedado en el programa. Pero el 24 de julio, la Universidad emitió un listado de beneficiarios, en el cual la rovirense no apareció, al dirigirse a las oficinas del Icetex en Bogotá la respuesta fue que “la Unad seccional Ibagué había tenido muchos problemas de igual índole pues al parecer no habían enviado los documentos de solicitud de muchos aspirantes que se habían postulado, que de los tres mil 500 cupos que tenían solo habían enviado documentos de 80 jóvenes aproximadamente”, se explica en la tutela.

Tras este hecho, con la ayuda de la Personería instauró la acción jurídica, finalmente el 9 de septiembre el Juzgado decidió amparar los derechos fundamentales a la educación y le ordenó al Ministerio de Educación en 48 horas disponer los recursos a favor de la universidad tanto del primer semestre como de los siguientes, al Icetex desembolsar máximo en un mes el dinero a favor de la Unad, a la universidad cumplir con las obligaciones de Generación E.

Asimismo ordena a las tres entidades enviar un informe en el cual acredite el cumplimiento del fallo.

Voceros de la Unad indicaron que las directivas procederán a acatar la decisión del Juzgado.