La Procuraduría General de la Nación solicitó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Ibagué, proteger los derechos al ambiente sano, el recurso hídrico y debido proceso, tras una licencia para el desarrollo de actividades mineras a una mina de oro en la población de Ataco en el sur del Tolima, la cual fue otorgada por la corporación Autónoma del Tolima, Cortolima, en el mes de diciembre del año 2019.

Para el ministerio público la licencia se entregó a la empresa minera Agregados Ingecol, sin tener presente que prevalecen los intereses colectivos de una comunidad y sin contar las respectivas investigaciones científicas del entorno y acciones que se efectuarían sobre la cuenca del río Saldaña.

La tutela fue liderada por el exministro Carlos Gustavo Cano, el exgobernador Eduardo Aldana, el periodista Guillermo Hinestrosa y otros destacados tolimenses, contando con el respaldo plenamente de la Procuraduría.