La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria a José Mauricio Cuestas Gómez y a Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, ambos funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por presuntas irregularidades en la compra de 51 vehículos blindados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio Público establecerá si la compra en junio de 2020 por 13.270 millones de pesos se ajustó o no a la normativa, a los principios de contratación estatal y si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.